Corrupción y partitocracia

 

Cuando en la prensa y demás medios de comunicación, reflejando el sentir social generalizado, la mayor parte de sus páginas de actualidad, tratan preferentemente de los problemas de corrupción en los cuatro puntos cardinales de España, es la muestra más patente que algo o mucho no funciona bien en la España actual.

Un buen amigo mío y paisano, D. Juan Ferrando Badía, poco antes de tomar posesión de su Cátedra de Derecho Constitucional, en la Universidad de Valencia, me manifestó, en plena época transicional, algo que actualmente considero como una auténtica profecía: que nos encaminábamos no a una democracia, sino a una partitocracia. Como efecto de la ley del péndulo, el excesivo poder concedido a los partidos políticos, nos conduciría a una profesionalización de muchos políticos (afortunadamente no todos) que terminarían prefiriendo el poder propio al bien común. Esta afirmación, que me dejó sorprendido, era una reflexión de persona competente que, después los hechos se han encargado de confirmar.


Aunque la situación es muy complicada, todavía estamos a tiempo de rectificar. En algún partido político, independientemente de su ideología, observo que hay ciertas iniciativas plausibles, para tratar de poner remedio a esta situación, tan preocupante, que vivimos. Considero que sería reconfortante que legalmente se impusiese a los partidos varios principios (entre otros) que considero ayudarían eficazmente a despejar el horizonte y a regenerar la vida política:


Principio de subsidiariedad. En lugar de crear organismos oficiales para solucionar unos problemas que la iniciativa privada podría resolver mejor, estimular a la sociedad para que tome iniciativas en beneficio del bien común, con el debido control, por supuesto. Eliminar o privatizar, si se considera oportuno, la gran cantidad de organismos dependientes de la administración, y que muchas veces sirven para recompensar a los amiguetes.


División estricta de poderes, especialmente en la justicia pero también en los medios de comunicación y en las finanzas. Cuando menos influencias políticas para el nombramiento de jueces, y en las intervenciones en las entidades financieras, mejor. Es lamentable lo ocurrido en las Cajas de Ahorros, creadas con la sana iniciativa en beneficio de la sociedad y convertidas por los políticos, en cajas sin fondo, para satisfacer los caprichos personales, legislando para que el nombramiento de sus gestores tenga la máxima profesionalidad y la máxima independencia posible.


Democracia interna de los partidos, con una intervención más activa de sus socios para la elección de cargos y control de su funcionamiento.


Transparencia total en la gestión de todas las entidades públicas o que reciban subvención pública. De forma que cualquiera, con las garantías necesarias, pueda aclarar los costes de una determinada reparación o la adquisición de un bien Es lamentable que se gasten millones en obras públicas que después el tiempo nos indique que son supérfluas.


Establecer para los cargos de gobierno o administración pública, buenos sueldos y buenas indemnizaciones, pero evitando to- talmente, que cobren sueldos o gratificaciones, bien particular o públicamente, por actividades al margen de su gestión específica.


Regular de forma clara la concesión de regalos y prebendas personales, o incluso prohibir cualquier tipo de regalos o compensaciones a los cargos públicos.


Facta non verba” (Hechos, no palabras). Añadir la adopción de medidas drásticas dentro de los partidos, depurando responsabilidades. En lugar de discursos que todo lo justifican pero que nada arreglan, se deberían tomar medidas concretas dentro de los partidos políticos para evitar el menor asomo de corrupción. Es preferible apartar a una persona sospechosa de corrupción y, si después se demuestra que no lo es, restablecer su crédito político, a mantenerla en el cargo, sin exigirle responsabilidades, a personas que después serán condenadas por la justicia.


Errare humanum est. Distinguir claramente lo que es un error, que se debe asumir como tal, si se está dispuesto a rectificar, de lo que es corrupción que no se puede admitir en ningún caso. Evidentemente si, en el ejercicio de un cargo público, se cometen errores graves o en mayor número que los aciertos, se pone en evidencia la incompetencia del responsable y debe saber dimitir.



Luis Corell

 

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