Los partidos nacionalistas


    La Constitución española de 1978 que ha cumplido más de 30 años de existencia sin ninguna modificación, lo cual puede suponer un gran mérito por su perfección y equilibrio o bien un gran demérito por su inmovilismo y falta de perfeccionamiento y adaptación a la cambiante realidad social, según el punto de vista que se adopte, ha permitido años de paz y concordia en lo fundamental, sin evitar las ineludibles tensiones políticas y sociales que son connaturales a toda sociedad o agrupación humana, propiciando a la vez un desarrollo económico y una influencia política en lo exterior, que no se conocía en España desde tal vez el siglo XVI, es decir, unos cuatrocientos años que llevábamos de decadencia general, con leves altibajos, pero siempre inclinados hacia la parte más inferior de unas hipotéticas coordenadas representativas de nuestra realidad social.

    Junto con esos méritos indudables de paz, concordia, desarrollo económico (aunque actualmente estemos inmersos en una gravísima crisis) e influencia política, hay que contar la descentralización, tanto política como económica y administrativa que ha acercado a los ciudadanos a las personas y órganos de gobierno, con el establecimiento de lo que llamamos las Comunidades Autónomas, que son entidades territoriales con Parlamentos, gobiernos y competencias propias muy amplias como la educación, la sanidad, los transportes, los medios de comunicación, etc. e incluso la policía autóctona, sin perjuicio de las atribuciones fundamentales del Estado administradas por el Gobierno de la nación, como la política exte-rior, el ejército, la Leyes civiles, penales, fiscales, etc. que son comunes –salvo excepciones históricas- y obligan a los ciudadanos de todas las Comunidades. En definitiva, nuestra Constitución establece un régimen político muy parecido a los de los Estados federales como Suiza, Alemania y EE.UU., pero con sus propias peculiaridades, constitutivas de lo que se suele denominar como el Estado Autonómico español. Tampoco entro ahora en los numerosos casos de corrupción y abuso de poder que han propiciado las Autonomías y que habrá que corregir con decisión.

    Una de esas peculiaridades originales consiste en la proliferación de los Partidos nacionalistas, que representan la voluntad popular referida a uno cualquiera de los territorios en los que se divide el Estado, y que encuentran su justificación y lugar apropiado en la defensa de sus bienes culturales, económicos y políticos referidos al territorio en el que han nacido y actúan como en su entorno natural, es decir, en su Parlamento autonómico.

    Hasta aquí parece que todo es política y socialmente correcto, pero el problema surge ya desde el inicio de la vigencia de la Constitución, cuando a esos Partidos nacionalistas territoriales se les deja actuar en mi opinión con manga ancha, en dos sentidos: a) permitiendo que esos Partidos, cuando alcanzan el gobierno autónomo actúen con gran libertad, promulgando leyes y disposiciones que atentan contra los derechos de los ciudadanos de otras Comunidades, sin que el Gobierno de la nación haga nada o casi nada al respecto, o al menos no lo suficiente para impedirlo, saliendo en defensa de la unidad esencial de derechos que debe prevalecer en todo Estado bien organizado; y b) admitiendo que esos mismos Partidos nacionalistas actúen y voten en el Parlamento del Estado español, sin ningún requisito previo que garantice que han superado la búsqueda del bien territorial que les es propio, para pasar a defender por encima de sus intereses territoriales el bien común del Estado español.

    El nacimiento, desarrollo e importancia política y social de tantos Partidos nacionalistas, como peculiaridad de la democracia española, entiendo que tiene que ver con la falta de tradición democrática del pueblo español, y por tanto de su escasa educación política para vivir en libertad, y la falta de criterios de racionalidad, y de primacía del bien común o interés general en sus juicios. Se tiende a buscar el interés inmediato y cercano del propio territorio en que se vive, antes que el general de la nación a la que se pertenece. También hay que contar con el peso e influencia de la historia de la que todos somos hijos, beneficiarios, y deudores en cuanto se refiere a la herencia lingüística, cultural, religiosa, económica, social, etc. Esa historia nos impulsó a la constitución de condados, reinos, y otras agrupaciones territoriales como el mejor modo de reemprender la conquista de un país que fue invadido y desposeído de sus señas de identidad por el Islam. Cada una de esas agrupaciones humanas desarrollaron sus leyes, costumbres, lenguas y modos de vida, propias y ampliamente diferenciadas de las de los vecinos durante siglos de dominación musulmana. Es un peso que con más o menos consciencia de ello, llevamos todos los españoles y nos marca en mayor o menor medida: el peso de nuestros antecedentes históricos derivados de la fragmentación territorial. La unificación de España con los Reyes Católicos condujo a la constitución de una sola nación y un solo territorio común a través de muchos avatares, y respetó esas diferencias que permanecen y permanecerán para siempre en el ser constitutivo de la nación española.

    Un modo de asegurar esa primacía del interés general de España en el Parlamento, por los Partidos con representación parlamentaria, consistiría en exigir mediante Ley orgánica, que todos ellos alcanzasen un mínimo del 5 % que determinaría la Ley electoral para las elecciones generales. Así pienso que se lograría que los Partidos nacionalistas quedaran reducidos a la lucha por la representación en su propia Comunidad Autónoma y dejaran de tener la influencia negativa de su egoísmo en el Gobierno de la Nación española que estaría siempre en manos de un Partido de carácter nacional y estatal, con o sin apoyos de otro u otros con el mismo carácter de defensores de la Unidad Nacional.
Roberto Grao Gracia
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