El aborto no es un derecho


   La profesión médica pone en evidencia las lagunas de la nueva Ley del aborto y reclama un protocolo de consentimiento informado específico, que ofrezca garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con información de la naturaleza de la intervención y de sus riesgos.

   La Profesión médica se ha pronunciado claramente sobre este controvertido tema, señalando en primer lugar que no puede hablarse de “derecho al aborto” ya que el derecho a la vida es fundamental e irrenunciable e incluso, e incluso sigue estando considerado como un delito salvo en los términos fijados por la Ley. Precisamente a este respecto, han señalado que en vez de poner los medios para que se cumpliera la ley anterior, lo que han hecho ha sido promulgar otra ley más amplia.
El vocal de la comisión Central de Deontología, de la Organización Médica Colegial (OMC), Luis Ciprés, ha expuesto en un documento analizado en el último “II Congreso de la Profesión Médica” los peligros de esta nueva Ley que “crea una parcela de absoluta impunidad y autonomía a la mujer para abortar hasta la 14 semana de gestación” y se pregunta si es ético “crear parcelas de impunidad en las que se lesionan bienes fundamentales de otros, sin ninguna responsabilidad ética y legal”.

   Joan Mones, vocal de la Comisión Central de Deontología, José Mª Laílla, vicepresidente de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, Emilio García de la Torre, presidente del Colegio de Médicos de Jaén, y Sebastián Martínez Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Zamora, han participado en una mesa redonda sobre “El médico ante la nueva ley del aborto”, que ha estado moderada por Enrique de la Figuera, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

   En la misma se ha coincidido en alertar que el aborto “no puede ni debe ser considerado nunca como un método anticonceptivo y no debe ser promocionado como planificación familiar”.

   Ya desde el punto de vista conceptual es un error hablar de “interrupción voluntaria del embarazo” para referirse a esta nueva Ley, puesto que “todo lo que se interrumpe se puede reanudar y, evidentemente, este no es el caso”.

   Alegación de causas psíquicas

   Uno de los principales problemas que se plantean es el de la determinación de las causas psíquicas que justificarían la realización del aborto, según marca la Ley. Los profesionales médicos se preguntan ¿cómo puede valorarse la afectación psíquica que el embarazo produciría en el futuro a la mujer? Según está recogido en esta Ley sólo se necesita una firma para avalarlo y la experiencia ya nos ha dado sobrados casos de irregularidades en los informes médicos que alegan causas psíquicas para recomendar el aborto: “una decisión tan importante y de consecuencias irreversibles, cual es un aborto, no puede ser adoptada por un solo facultativo”.

   Se habla también del concepto de “paciente maduro” y es chocante que a unas adolescentes de esas edades no se les permita participar en unas lecciones, ni puedan ser encausadas penalmente, y sin embargo se les conceda autonomía absoluta para abortar. Además, según quedó reflejado en esta mes, “ni Gobierno ni Parlamento pueden retirar a los padres el derecho de velar por sus hijos y trasladarlo al médico al que se solicita practicar el aborto”.

   Tampoco parece que la seguridad jurídica del médico se incremente con una ley que despenaliza el aborto hasta fechas muy concretas del embarazo cuando se sabe que no es fácil definir con toda precisión la edad gestacional hasta la cual el aborto está permitido y por tanto no es delito, pero sí lo es una semana después. Señalan por tanto que “ni los médicos y menos aún el nasciturus, estarán mejor protegidos que con la ley anterior”.

   La objeción no es negociable

   Según han expuesto los representantes de la profesión médica, los médicos aceptarán las leyes emanadas del parlamento, pero sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno. La objeción de conciencia “es un derecho fundamental e irrenunciable” y según el Código Deontológico por el que se rige la profesión médica, no debe ser sancionado el médico objetor.

   Se recordó que “las leyes deben procurar la mejor convivencia posible” y que en el caso del aborto, este “debe ser considerado como unas decisión última y en ningún caso deseable”.
Por ello han venido reclamando unas garantías mínimas entre las que figuran, por ejemplo, un periodo suficiente de reflexión, informar de las ayudas sociales públicas y privadas a las que podrá acogerse en el caso de que decida continuar con la gestación, así como la conveniencia e importancia de informar a los padres o tutores, para no privar a la menor de su consejo, apoyo y ayuda.

   A la hora de reflejar con su voto el posicionamiento de los representantes colegiales de la profesión, estos se mostraron mayoritariamente coincidentes en los siguientes puntos:
1. El término “interrupción voluntaria del embarazo” no define de forma correcta este problema.
2. Es un error conceder autonomía absoluta para abortar a las menores.
3. La formación específica sobre “interrupción voluntaria del embarazo” no debe incluirse en los planes de formación de todos los profesionales de la salud.
4. Con esta nueva Ley los médicos que practiquen el aborto no tendrán mayores garantías jurídicas que con la ley anterior.
5. Sería necesario establecer un protocolo de consentimiento informado específico, que ofrezca garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con información de la naturaleza de la intervención y de sus riesgos.
Luis Ciprés. De la Organización Médica Colegial (OMC) de España.
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